La idea federalista es perturbadora en sí misma. Lo es mucho más todavía cuando el federalismo real no funciona. Los argentinos sabemos mucho de esto, porque estamos convencidos de que vivimos un federalismo de atrezo o de pacotilla. Si preguntamos a los quejosos por el motivo de nuestro "mal federalismo", nueve de cada diez nos responderán: "porque existen marcadas asimetrías entre el centro y la periferia del país".
Sin embargo, ni los inventores del federalismo como sistema de distribución territorial del poder (los norteamericanos) ni los que lo importaron aquí (los constituyentes de 1853) pensaron en el sistema federal como un mecanismo de igualación entre los diferentes territorios, sino más bien como una forma de limitar el poder político, es decir, como un arma para luchar contra la concentración del poder y evitar que éste se convierta en absoluto.
Así pues, el que los salteños paguemos el gas más caro que los porteños, o el que los vuelos internacionales vayan a parar a Ezeiza y no al aeropuerto de Córdoba, o el que los partidos de fútbol se jueguen en Buenos Aires y no en Jujuy, no quiere decir, sin más, que vivamos en un país que ha hecho tabla rasa del federalismo, pues el federalismo, como acabamos de ver, es otra cosa.
La idea de un equilibrio sustancial (o desarrollo armónico) entre regiones es -si se me permite la expresión- universal. Quiero decir con ella que cualquier país, sea unitario o sea federal, buscará siempre, por un sinfín de motivos, reducir sus desigualdades espaciales y cohesionar su territorio.
Por el solo hecho de ser "federal", un país no tiene garantizado ni su equilibrio interterritorial, ni la igualdad sustancial de sus regiones, ni una economía sana y uniforme. Incluso más: la descentralización política a menudo complica la cohesión territorial de un país. El caso de España y su Estado de las Autonomías es, en este aspecto, paradigmático.
El federalismo encierra la idea de la autonomía política de las unidades territoriales; es cierto. Pero conlleva también una idea no menos importante: la de que esa autonomía contribuye a la creación y al sostenimiento de un ente nuevo (el Estado federal) que representa algo todavía más importante como lo es la unidad del Estado.
No hay federalismo sin un mínimo de "unitarismo". Dicho en otros términos, que para el federalismo es tan importante la autonomía de las partes como la unidad del conjunto. Si no fuese así, es decir, si la autonomía local prevaleciera sobre la unidad del conjunto, no seríamos un país, un sujeto único y unificado del derecho internacional, sino cualquier otra cosa.
Lo que cada provincia haga con su autonomía es cosa suya. Son las provincias las responsables últimas de la configuración de las instituciones federales y de las decisiones que éstas adoptan. Lo que no es de recibo es que el Estado central (o federal o como se le quiera llamar) vaya limando las competencias provinciales en beneficio propio. Lo que no es bueno para la Argentina es seguir fomentando la macrocefalia y los privilegios del puerto. Pero esto tiene poco que ver con el sistema federal.
Todas estas cosas son intolerables, por supuesto; pero incluso un Estado federal que avasalle las autonomías locales puede -en teoría- lograr un mejor equilibrio entre regiones que otro que las respete. El unitarismo es un método formidable para hacer que un país crezca de forma uniforme y armónica de cabo a rabo.
Pero nuestro país es federal, porque así lo hemos querido. Y si lo seguimos queriendo, es decir, si queremos seguir disfrutando de nuestra autonomía y potenciar nuestra diversidad, no tendremos más remedio que aprender a convivir y a lidiar con algunos efectos colaterales del asunto, como los contrastes, las desigualdades, las asimetrías y las injusticias.
No hay nada más falso, por tanto, que la idea del federalismo como garantía absoluta de uniformidad y de igualdad sustancial entre las diferentes provincias, estados o regiones.
La cohesión del territorio
La Argentina -como cualquier otro país- necesita cohesionar su territorio, reducir la desigualdad entre las regiones y asegurar un bienestar razonablemente equitativo, desde La Quiaca hasta el Canal de Beagle. Está obligada a ello, pero no por ser federal, sino porque así lo dicta el sentido común, lo aconseja esto que ahora se llama "la gobernanza" y lo impone el principio de la justicia social.Dejemos al federalismo en paz, que son ya muchos los problemas que tiene como para que le hagamos -encima- responsable de determinados complejos periféricos irresueltos.
Si en Salta falta el gas, siendo que es una provincia que lo produce en abundancia, esto no es un desconocimiento de nuestros derechos federales: es simplemente una injusticia, una aberración.
Esto del "federalismo energético" es una bobada de mucho cuidado. Corregir nuestro sistema federal no solucionará el problema del gas, ni hará de Salta una provincia más rica o más parecida a Buenos Aires. Para lograr cosas como estas no hace falta "más federalismo" sino más política, más astucia, más influencia y, sobre todo, menos quejas, menos lamentaciones y más y mejor esfuerzo productivo.
Hay que hacer ver a los celosos guardianes de nuestro espíritu federal, que federalismo son dos cosas a la vez y no simplemente una; es decir, que la idea federal no solo supone la autonomía provincial sino que también incluye y comprende la idea del Estado central único con poderes suficientes para cohesionar el territorio.
Por tanto, quien defiende el federalismo debe siempre defender las dos cosas a la vez y no una sola.