Desde hace algún tiempo se viene hablando acerca de los daños que estaría sufriendo la estructura de la gigantesca torre de la Iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad de Salta, a causa de las vibraciones producidas por el paso de las unidades del transporte público de pasajeros por el frente del edificio. Esta preocupación determinó que el Procurador General de Salta, se decidiera a interponer ante la justicia una acción de amparo con el objeto de tutelar el patrimonio histórico de la ciudad.
El juez que tramita dicho procedimiento ordenó en su día a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (organismo gubernamental encargado de regular el transporte público en la ciudad) que presente un "informe estructural". El mismo juez ha reiterado el requerimiento, intimando a la AMT a presentar dicho informe en un plazo de 48 horas, habida cuenta de que dicha administración no lo presentó cuando fue requerido.
Si bien la mayor parte de los medios de comunicación de Salta entienden que el juez ha pedido a la AMT "un estudio que incluya la medición del impacto que el paso de los vehículos pesados ocasiona en el edificio", la opinión pública ha mostrado su perplejidad por el hecho de que el magistrado -frente a una supuesta amenaza "estructural" del edificio- haya solicitado un informe "estructural" no al propietario de la "estructura", sino a quien presuntamente está amenazando su estabilidad.
Más lógico, desde todo punto de vista, sería pensar que el juez Ruiz ha solicitado a la AMT un "informe coyuntural", de la situación actual, real y concreta, del transporte colectivo en el área vecina al templo y no un "informe estructural", ni sobre la estructura del edificio, ni sobre la estructura del transporte urbano de pasajeros.
Todavía más lógico es pensar que el magistrado lo que desea saber, para resolver el asunto que lo ocupa, es si la autoridad del transporte dispone de información suficiente acerca del probable impacto de las vibraciones sobre el edificio de la iglesia y sobre otros edificios, y si a la luz de dichos estudios ha adoptado, o no, las medidas adecuadas para resguardar la integridad de las edificaciones.
Llamar a esto "informe estructural" es un exceso del lenguaje que acarrea confusión, pues daría a entender que la AMT debe evacuar un informe sobre el estado de las vigas, de los cimientos, de los muros maestros, etc., de la iglesia, algo para lo cual una administración especializada en transporte no está preparada. El citado "informe estructural" no solo excede la competencia técnica de la AMT sino también su competencia jurídico-administrativa.
Salvo, claro está, que la presidente de la AMT, ingeniera Adriana Pérez, disfrace a los miembros de su directorio de frailes franciscanos y los envíe disimuladamente con un sismógrafo de bolsillo al convento, para que entonen el angelus mientras pasa el 5 rebotando en cada bache y haciendo tañir las centenarias campanas.