No hay dudas: la victoria electoral del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue limpia, contundente y con pocos precedentes en la historia política de esta provincia. Ser reelecto para un segundo mandato con un porcentaje de casi el 58% de los votos, sin el paraguas protector de un aparato nacional o de una elección presidencial, es un logro que no se puede negar ni empequeñecer. Pero si esto es así, dicho sin desmerecer este claro triunfo, de lo que sí se puede dudar es de que estemos ante “el mayor caudal electoral” de los casi cien años de elecciones en Salta, incluido los resultados que obtuvo el peronismo desde los comicios de 1946 hasta ahora. Otros caudales importantes hubo. Por la verdad histórica, por honestidad y por utilidad políticas, hay que reconocerlos.
Con el resultado electoral del domingo Urtubey quebró las ataduras de su primer estrecho triunfo electoral de 2007, que entonces lo colocó apenas arriba del candidato de Romero. Esa escasa diferencia de votos se hizo sentir al comienzo de la gestión de Urtubey cuando la mayoría legislativa “romerista” negó el acuerdo a Manuel Pecci, postulado como Fiscal de Estado por el nuevo gobernador, y cuando convalidó la apresurada designación que hizo Romero, cuando estaba dejando el gobierno, de un discutido abogado como ministro de la Corte de Justicia local.
Pero hay más: el holgado porcentaje de votos obtenidos por Urtubey lo coloca por encima de los intendentes municipales, incluido el de la ciudad de Salta, Miguel Isa, a quien algunos adjudicaban tener mayor peso político que el propio Urtubey y el papel de decisivo árbitro electoral.
Este resultado del domingo da por tierra con las especulaciones e intrigas de los remanentes no sólo de un “romerismo” en desbandada y abandonado por su jefe que dio un apoyo vergonzante a la candidatura -entre pintoresca y esperpéntica- de Alfredo Olmedo, sino también de kirchneristas salteños que vaticinaron un achicamiento del apoyo electoral a Urtubey.
La millonaria piñata del cierre de la campaña electoral de Olmedo incluyó el aporte de una perorata ética a cargo del rabino Bergman, que en Salta, con escenario y con público “romerista”, no sabemos si por ingenuidad o mala fe, criticó la corrupción, las reformas constitucionales para imponer la reelección perpetua de los gobernadores y la promiscua y deliberada confusión entre el interés público y los negocios privados.
Con esta derrota Romero, expresión de un “peronismo boutique” a gusto de Macri y Mariano Grondona, pierde las ilusiones de apoltronarse como senador nacional vitalicio, mantener el blindaje de la inmunidad parlamentaria y también el sueño de intentar un cuarto mandato como gobernador en el 2015.
Pero también se desvanece el sueño del kircherismo local de abrir el cauce de un "auténtico" proyecto K, verticalista, obsecuente y sucursalista. El magro caudal electoral de Nora Giménez, ex ministra de Urtubey apadrinada por Alicia Kirchner, desactiva el proyecto de un kirchnerismo salteño puro y duro.
Por este caudal electoral la empresa “Horizontes” pierde una banca que, desde 1983, ocupó en el Senado de la Nación donde sentó a sus gerentes administrativos contables: Francisco Villada, Emilio Cantarero y Sonia Escudero. Estos resultados electorales son una derrota de la torpe campaña opositora desatada por Romero contra Urtubey desde el diario “El Tribuno”, punta de lanza de los intereses económicos de “Horizontes” desde hace más de 50 años. El domingo parece haber llegado a su fin el papel de gran elector que se adjudicó ese diario.
A la pérdida de credibilidad que ese diario arrastra desde hace años, se añade la pérdida de reflejos periodísticos, que se explica por la visible disminución de reflejos políticos del ex gobernador, que sólo atinó aplicar a Urtubey las mismas obsoletas técnicas de la mentira y de la extorsión que su diario aplicó, por igual, a gobernantes de facto y a gobernadores constitucionales que no se subordinaron a sus intereses. Ese diario intentó castigar a Urtubey con los recursos usados contra Hugo Rovaletti, Miguel Ragone, Roberto Augusto Ulloa y hasta contra Hernán Cornejo.
Subestimando los cambios en las tecnologías de la información y desdeñando la inteligencia media de los ciudadanos, “El Tribuno” embistió con herramientas y municiones que empezó a usar hace medio siglo, atacando a interventores militares y, con igual pasión, a gobernadores constitucionales como Miguel Ragone, de cuya figura el “romerismo” trató de sacar réditos políticos fingiendo una tardía adhesión a los derechos humanos. Después del domingo pasado, el diario “romerista” parece un león miope y desdentado.
En estas elecciones asistimos al desempeño electoral más pobre de la Unión Cívica Radical, hundida bajo el peso de una lucha interna que fue adquiriendo carácter patológico y que, por su misma dinámica, se transformó en un combate personal y cuerpo a cuerpo entre dirigentes incapaces de llegar a acuerdo y de tejer alianzas.
Algunas excepciones –como el caso del apoyo a Clelia Guzmán en Cerrillos- prueban que la democracia gana cuando se hacen acuerdos. El derrumbe de radicalismo provoca un daño al sistema político porque la política en Salta corre el riesgo de quedar sin un espacio democrático de centro izquierda.
Los seguidores salteños de Elisa Carrió pagaron el costo del estilo arrogante de ésta y su contagio de viejos vicios de un progresismo elitista y autosuficiente. La única expresión de izquierda que logró el apoyo de casi el 3% del padrón electoral fue el Partido Obrero, meritorio en su vocación testimonial, pero aferrado a una ideología clasista anticuada.
El 0,21 % de la candidatura a gobernador del piquetero “Tyson” Fernández demostró que esos grupos son más extremos y ruidosos porque con ese estilo intentan compensar su falta de apoyo popular, aunque enciendan sus protestas en nombre de un pueblo que elige caminos no violentos para hacerse expresar sus demandas.
Si algo confirmó este resultado de las elecciones en Salta el domingo 10 de abril es que, más allá de los altibajos electorales, de los personajes en escena y de los estilos, lo que aparece como constante es el carácter conservador de su electorado. No se confunda esto con posiciones de derecha. Ese arraigado conservadorismo puede adquirir matices más o menos populares, más o menos moderado y, a veces, muy disimulado.
Regresemos a las elecciones en Salta en los últimos 65 años. En febrero de 1946, Lucio Alfredo Cornejo, primer gobernador peronista de Salta fue elegido con un amplio apoyo electoral. En Salta, el 11 de noviembre de 1951, Ricardo Joaquín Durand y Jesús Méndez, candidatos a gobernador y vicegobernador del Partido Peronista obtienen el 74,8% de los votos.
En las elecciones del 25 de abril de 1954 en Salta se eligió al candidato peronista Alberto Tessaire vicepresidente de la Nación y al doctor J. Armando Caro senador nacional. En esas elecciones el peronismo, con más superó el porcentaje de 1951 y tocó su techo electoral. Según algunos, sobrepasó el 76% de los votos. Para otros, “rozó el 80%”. Cuando consultemos las actas del Tribunal Electoral de 1954, tendremos el porcentaje exacto.
A estos datos habrá que añadir lo que, desde el punto de vista del poder político, se derivaron de esos porcentajes. En 1949 el peronismo tenía el 86% de las bancas de diputados y el 91% del Senado. En 1951 ocupó el 90% de las bancas de diputados provinciales y el 100% del las de la Cámara de Senadores de la Provincia.
En 1973, la fórmula Miguel Ragone-Olivio Ríos se impuso con el 57,2% de los sufragios emitidos. Los candidatos Ragone y Ríos lograron casi diez puntos más que la fórmula presidencial Cámpora-Solano Lima (46,56%).
Diez años después, el 30 de octubre de 1983, Roberto Romero es electo con el 50,67%, porcentaje que se repite casi idéntico cuando es electo gobernador el licenciado Hernán Cornejo Barni.
El 27 de octubre de 1991 los resultados electorales son negativos por partida doble: frustran las aspiraciones de Roberto Romero a un segundo mandato y colocan al justicialismo en el nivel de apoyo electoral más bajo de su historia: Romero cosechó el 35,8% de los votos.
El 1º de octubre de 1995 Juan Carlos Romero, hijo de aquel derrotado por Roberto Augusto Ulloa en 1991, es electo gobernador con el 45% de los votos, después de una campaña de duros ataques contra Ulloa en la que Romero defendió y acompañó los piquetes de productores tabacaleros y saludó las prolongadas huelgas docentes y justificó las protestas violentas. Reformada la Constitución de Salta para habilitar la reelección del gobernador, Juan Carlos Romero logró un segundo mandato con el 58% de los votos.
El 17 de noviembre de 2003, el gobernador forzó una nueva reforma constitucional para dar paso a un tercer mandato. Una fantasmal Convención Constituyente votó a la siesta de un día sábado la reforma que impuso Romero quien resultó electo con el 50% de los votos. Su largo gobierno de doce años concluyó envuelto en un profundo deterioro institucional, corrupción, violencia y una escalada de arbitrariedades.
Durante sus tres mandatos Romero fue acompañado como vicegobernador por Walter Wayar, quien tocó fondo el pasado domingo 10 de abril, con un modesto 8,47% de los votos. La compañía del dirigente camionero Jorge Guaymás no pudo ser revertida por el fuerte apoyo económico de Hugo Moyano, que presidió el principal acto de campaña de Wayar.
Tampoco pudo modificarlo los dineros que envió la ministra Alicia Kirchner que volcó el apoyo nacional a esa extraña alianza de candidatos que hasta, hace unos meses, eran el aceite y el vinagre.
Al decir que Moyano es un “piantavotos”, Urtubey ensancha sus posibilidades de colocarse como una alternativa nacional racional y moderada. El 8,47% de la fórmula que propone Moyano, la de un político con la de un gremialista de su grupo, ha naufragado en Salta. El sindicalismo quizás debe comprender que Perón le adjudicó ser “columna vertebral” pero no “cabeza” de un peronismo que no admite ser bicéfalo.
El apoyo electoral que Urtubey conquistó a pulso y, en algunos casos, a pesar de murmuraciones pesimistas de aliados kirchneristas, celosos del vuelo propio del gobernador, es mérito del propio Urtubey. Nadie puede adjudicarlo a esas obsecuencias de gobernadores provinciales cuyo activo político es prestado.
En los últimos meses la presidenta Kirchner visitó no menos de nueve veces Santiago del Estero y derramó generosos apoyos económicos en las manos del gobernador Gerardo Zamora, radical K, más “delegado” del gobierno nacional que gobernador de su provincia, para usar la diferencia que acuñó Urtubey.
Al afirmar esto, Urtubey marca una divisoria de aguas que tiene semejanzas con aquella que a mediados de 1983 provocó Raúl Alfonsín cuando denunció el pacto militar-sindical. Con esta amplia base electoral y legislativa es posible que Urtubey comience a desprenderse de algunos lastres impuestos por los estrechos márgenes de su triunfo de 2007.
Entre esos lastres están los intendentes municipales aún procesados y que estuvieron presos, pero que parecen dispuestos a perpetuarse y a continuar gestionando al margen de la ley. Los más de diez puntos porcentuales que logró Urtubey sobre la mayoría de los intendentes es otro mensaje de los ciudadanos que el gobernador sabrá comprender.
Esa misma amplia base electoral da a Urtubey una oportunidad única de dar un giro a la política local encarando el saneamiento de sus prácticas electorales, viciadas por amañadas prácticas y normas confeccionadas a la medida de un “romerismo” que ambicionó retener, durante décadas, el poder político para acrecentar el poder económico durante décadas. Si encara esta reforma política, Urtubey podrá exhibir ante el país un mérito más importante que el construir autopistas o levantar imponentes puentes.