El diputado nacional Pablo Kosiner, uno de los funcionarios del gobierno de Salta señalados por el detenido subcomisario Gabriel Giménez como responsables de haber ordenado el espionaje de dirigentes de la oposición política al gobierno de Salta, ha vuelto a enredarse en sus propias palabras. En declaraciones a una emisora de radio, el que fuera hasta hace poco máximo responsable del área de Seguridad del gobierno, se ha defendido de la acusación lanzada por Giménez diciendo: "Es una mentira, es una falacia. Tampoco me sorprende, porque durante mi gestión, y por profunda vocación del gobernador Urtubey, hemos hecho los procedimientos más grandes de secuestro de droga. No voy a pedir que una persona que está acusado (sic) de narcotráfico hable bien de mí".
Este breve pasaje del discurso de Kosiner sirve para retratar a todo un gobierno.
De golpe, los salteños nos enteramos, por boca del que fuera superministro, que el secuestro de drogas no es una obligación del Estado (y de los gobernantes), como sucede en casi todos los países del mundo, sino que es una "vocación" del gobernador Urtubey.
Entendida en su debido contexto (es decir, en relación con las convicciones de los protagonistas de la historia), la palabra "vocación" no puede significar otra cosa que la inspiración con que Dios llama a alguien a hacer algo; de modo que la lucha contra el narcotráfico en Salta -nos enteramos ahora- es más una cuestión de inspiración divina de un elegido que un asunto regido por las leyes.
Más complicaciones
La defensa de Kosiner frente a la acusación de Giménez contiene otros detalles sobre los que no se puede pasar sino con cierta incomodidad y no poca indignación.El más sorprendente de todos -por no decir desagradable- es la relación que el exministro establece entre sus logros (al parecer, personales) en la lucha contra el narcotráfico y la calidad de reo por narcotráfico del policía detenido.
Sorprendente, porque el subcomisario Giménez no habla en realidad (o solo) como narcotraficante sino (también y especialmente) como policía (corrupto o no, según se prefiera).
Sus acusaciones -cuyo crédito solo puede apreciar el juez- no son las de un narco que carga contra el que mandaba las fuerzas que lo aprehendieron, sino las de un policía exonerado que ventila y revela -quizá por puro despecho- las (supuestas) órdenes ilegales recibidas de quien -además de jefe de las fuerzas de seguridad- era el ministro a cargo de las relaciones con el resto de las fuerzas políticas.
Pasar por encima de esto es no ver la raíz del problema.
Al diputado Kosiner le conviene, evidentemente, encauzar las afirmaciones acusatorias de Giménez por la senda del narcotráfico y que no salgan de allí por un buen tiempo; porque mientras Giménez mantenga incólume su status de narco, el crédito que puedan merecer sus acusaciones se reducirá al mínimo.
Las palabras de Kosiner dan a entender que está dispuesto a hacer lo que haga falta para evitar que la cuestión sea enfocada como lo que es (o aparenta ser): un caso de corrupción policial o funcionarial que atañe al gobierno y que pone en serio entredicho la transparencia de sus actuaciones.
Para muchos ciudadanos es muy importante saber si el exministro está implicado en un escándalo de escuchas ilegales y espionaje; pero todavía más importante es conocer qué responsabilidad le cabe al gestor orgulloso (de haber confiscado casi dos toneladas de droga "por vocación") en el hecho de que en la propia policía bajo su mando haya operado una peligrosa red de narcotráfico.
En el fondo de todo, lo que interesa a los ciudadanos es saber qué condiciones políticas (o de cualquier otra naturaleza) pudieron haber favorecido el enquistamiento del narcotráfico en el entramado policial salteño y qué razones podrían haber impulsado a un subcomisario en actividad a aceptar el encargo de espiar a dirigentes opositores, a sabiendas de su más que manifiesta ilegalidad.
No solo es posible sino también deseable que el diputado Kosiner sea inocente de cualquier sospecha. Esto le conviene a él y al gobierno, pero más le conviene a la democracia y a la legalidad.
Pero mientras se siga intentando disipar las sospechas con argumentos como el de que la lucha contra el narcotráfico es producto de la vocación personal de los gobernantes o el de que los policías corruptos deben observar códigos de silencio, es muy probable que las sospechas persistan e, incluso, que se intensifiquen.