Cuando un alto funcionario del Estado -como por ejemplo el Ministro de Seguridad de Salta- dice cosas como que "el poder político jamás le puede ordenar nada al Poder Judicial", comete varios errores. El primero, creerse que él y su jefe inmediato, el Gobernador de la Provincia, forman parte o ejercen el único poder político conocido y vigente en Salta.
El segundo, desconocer que el "poder político" formal -aquel que se ejerce a través de los órganos constitucionales establecidos por la soberanía popular- es algo diferente al Poder Judicial del Estado.
El tercero, ignorar que los otros dos poderes del Estado -especialmente el Legislativo- pueden ordenarle bastantes cosas al Poder Judicial, sin mengua de su independencia y sin menoscabo del principio de división de poderes.
Es evidente que el Ministro ha querido salir al paso de las sospechas levantadas por un abogado acerca de la presunta y todavía no probada influencia del gobierno en las decisiones de los jueces. Pero, sin querer, el Ministro ha incurrido en las mismas imprecisiones que el mencionado abogado.
Para empezar, en cualquier régimen político basado en una constitución y que establezca la división funcional entre los diferentes "poderes" del Estado, todos estos poderes (o funciones) tienen naturaleza y finalidad "política". El Poder Judicial no es la excepción; es un poder político como cualquiera de los otros dos.
Para continuar, no se puede perder de vista (y el Ministro de Seguridad es uno de los menos indicados para hacerlo) que en los países, como el nuestro, que han seguido el modelo institucional estadounidense, los jueces que ejercen el Poder Judicial no solo ejercen la potestad jurisdiccional clásica (es decir, no solo se dedican a resolver las controversias entre los ciudadanos) sino también ejercen atribuciones típicamente políticas como la de pronunciar la inconstitucionalidad de las leyes.
Así pues, nuestro Poder Judicial, nuestros jueces y tribunales, son más "políticos" que los de aquellos países en donde se ha separado nítidamente la jurisdicción ordinaria de la constitucional.
Por esta razón, y no por otra, es que nuestros jueces son designados y destituidos por mecanismos políticos. Pensar que la política y la justicia son como el agua y el aceite es un error en el que no conviene caer.
Para finalizar, los otros poderes del Estado -especialmente el Legislativo, que es el "poder político" por antonomasia- pueden ordenarle muchas cosas al Poder Judicial. Y de hecho lo hace, cuando sanciona las leyes a las que los jueces y tribunales deben sujetarse y hacer cumplir.
Otra cosa, muy diferente desde luego, es que los jueces sean dóciles y permeables a las influencias del gobierno y que sus fallos obedezcan a la voluntad de los poderosos y no a la voluntad general expresada en las leyes. Esto es algo que nadie quiere pero que, lamentablemente, sucede con bastante frecuencia.
No es por lo general la política la que interfiere en la Justicia, sino los intereses de los poderosos, que muchas veces son solo intereses sin ninguna ideología o afiliación política particular.
Es necesario acabar con la imagen de un Poder Judicial sin sexo. No solo los gobernantes son responsables de poner las cosas en su lugar y llamarlas por su nombre, sino que también los propios jueces tienen la responsabilidad de defender la esencia y finalidad política de su tarea como titulares de uno de los poderes del Estado. No deben esconderse ni acomplejarse por ser "jueces políticos" y ejercer como tales.
Uno de los que lo ha dicho más claro es el presidente del Tribunal Supremo de México, Don Genaro David Góngora Pimentel, quien hace poco tiempo visitó la Provincia de Salta y departió con los jueces de nuestra Corte de Justicia. El ilustre magistrado mexicano dijo: "El Poder Judicial es un poder político y que como tal debe ser tratado. Es por tanto, corresponsable del desarrollo político, económico y social de México, por lo que no puede ser un poder que actúe con timidez, pues esto perjudicaría no sólo al Estado sino también a la sociedad".