Algo no funciona bien en España. Los cambios políticos, institucionales y normativos de este país se producen a una velocidad muchísimo más lenta que las transformaciones que experimenta la sociedad. Pongamos un solo ejemplo: A finales de 2011, la Constitución Española habrá sido reformada solo dos veces en sus 33 años de historia, mientras que la Duquesa de Alba -la mayor aristócrata del país- habrá contraído matrimonio por tercera vez. La comparación resulta sin dudas un poco extraña, pero no lo es tanto si pensamos que las primeras constituciones y declaraciones de derechos les fueron arrancadas a los nobles, hasta entonces celosos defensores de una estabilidad institucional de la que emanaban sus privilegios.
A la vista de lo anterior, y al menos en lo que hace a las costumbres, los nobles parecen querer demostrar hoy que las constituciones modernas se han convertido en instrumentos incluso más rígidos que los que cimentaron la estabilidad institucional del 'antiguo régimen', y hacernos ver también que, en el fondo, cambiar para adaptarse a los tiempos no es tan malo como parece.
En efecto, si todo resulta como está previsto, antes del próximo 26 de septiembre, la Constitución Española experimentará su segunda reforma. La primera -y única hasta el momento- se produjo en el verano de 1992, cuando las Cortes Generales decidieron incluir en el artículo 13.2 la expresión "y pasivo", para adecuar el texto constitucional al Tratado que fundó la Unión Europea (el de Maastricht) y establecer así el derecho al ejercicio del sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.
La segunda reforma, que también tramitará por la 'vía rápida' del artículo 167, tendrá por objeto incluir en la Constitución un límite al déficit público, o al menos una regla que haga obligatoria para todas las administraciones la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como con la deuda.
El anuncio de reforma -producto de un inusual acuerdo entre los dos principales partidos políticos del país- pone de nuevo sobre el tapete la cuestión de la oportunidad y conveniencia de acometer reformas constitucionales más a menudo.
El debate ha renacido con fuerza en España, en donde de nuevo surgen voces que reclaman reformas profundas de la Constitución, sobre todo en cuestiones relacionadas con el Estado de las Autonomías, con la sucesión a la Corona, con el rol del Senado como cámara de representación territorial o con la desaparición de las diputaciones provinciales.
Solo la forma del Estado y el estatuto de libertades públicas parecen a salvo del impulso reformista, aunque no faltan aquí opiniones aisladas que abogan por instaurar la forma republicana (y abolir la monárquica), consagrar el sistema federal o ampliar aún más la esfera de los derechos y libertades.
El dato novedoso es que los españoles de hoy ya no parecen tan dispuestos como antes a encargar la tarea reformista a un grupo de expertos, como lo hicieron antaño con "los padres" de la Constitución de 1978. Ahora quieren reformarla ellos mismos, sin la mediación del Parlamento y si fuese posible hacerlo a través de las redes sociales, aún mejor.
Las constituciones y el Skype
En mi humilde opinión, las constituciones son instrumentos valiosísimos, piezas fundamentales del sistema político, cuya prolongada estabilidad en el tiempo por alguna razón se ha tendido a sobrevalorar.En general, tenemos la impresión de que mientras más tiempo pasan sin reformas, las constituciones se comportan mejor, cuando la realidad indica que los vertiginosos cambios sociales que vivimos desbordan las previsiones constitucionales de una forma cada vez más acelerada.
En la Argentina, por ejemplo, país en donde se suele atribuir el calificativo de "sabia" a la muy vetusta Constitución de 1853, se olvida con frecuencia que los sabios constituyentes establecieron un procedimiento de reforma -bastante asequible- que permitió modificar el texto tres veces en menos de 45 años (1860, 1866 y 1898), para adecuarlo al cambiante mapa político de la Nación.
En los 113 años siguientes -que cambiaron el mundo de una forma dramática- nuestra Constitución solo fue reformada dos veces, en 1957 y 1994.
Desde un cierto punto de vista, las constituciones no son muy diferentes a las "piezas de software", que, por muy perfectas que parezcan, siempre tienen "bugs" y necesitan ser corregidas sobre la marcha.
De nada vale en estos tiempos enamorarse de las constituciones. Es difícil imaginar a los desarrolladores de Skype enamorándose de su código fuente y declarándolo irreformable, irrevisable y "pétreo".
Me pregunto qué ocurriría si Facebook decidiera declarar a Mark Zuckerberg como el 'sabio fundador' de la gran comunidad y se negara a introducir enmiendas en sus 'sabios' desarrollos originales.
Si algo de esto ocurriera con el software, programas como Skype o Facebook dejarían probablemente de funcionar en unos cuarenta y cinco días; se volverían del todo inútiles.
Sé que la comparación es arriesgada, pero algo parecido pasa con las constituciones.
Va siendo hora de que nos demos cuenta que reformar no significa desacralizar y que cometemos un imperdonable pecado de soberbia al tratar como textos sagrados a unas normas que han sido escritas por seres humanos iguales a nosotros... o a Mark Zuckerberg, que también es humano, también se equivoca, pero que ha demostrado que sabe corregir a tiempo.