El sistema electoral, entendido como el método mediante el cual los ciudadanos eligen entre diferentes opciones, generalmente en elecciones de cargos públicos o en referéndums de opinión, es una parte importante pero, si acaso, minúscula del sistema político. Aunque todavía es importante, el sistema electoral lo es cada vez menos, en la medida en que la participación cívica tiende a buscar canales de expresión más directos y la representación democrática surgida del sufragio -base de la inmensa mayoría de los regímenes políticos contemporáneos- enfrenta una profunda crisis de legitimidad de consecuencias por ahora imprevisibles.
El gobierno de Salta, que utiliza las categorías de la teoría política con la misma precisión con la que un leñador utiliza su hacha para jugar al tenis, está llevando adelante por estos días una ambiciosa operación de "reforma política", cuyo objetivo no es otro que el de retocar algunos aspectos -y no precisamente los más importantes- de nuestro sistema electoral. Y ninguno de nuestro sistema político.
El gobierno de Salta no se propone, pues, ni reformar la política (algo que por el momento está fuera de su alcance intelectual) ni reformar el núcleo del sistema electoral; porque si de verdad hubiese querido esto último, en vez de proponer la introducción de las elecciones primarias para los cargos provinciales y la universalización del voto electrónico, se habría preocupado por asegurar que los votos de los electores no otorgaran mayorías del 70% en la Cámara de Diputados y del 95% en el Senado para un partido cuya audiencia electoral se sitúa en torno al 45% en las categorías legislativas.
En esta calculada distorsión de la representación reside la verdadera inequidad del sistema electoral de Salta, y no en la forma en que se emite el voto o la forma en que los partidos eligen a sus candidatos. Pero el gobierno no lo sabe o, si lo sabe, lo oculta porque favorece sus propios intereses y ayuda a la más formidable operación de concentración del poder que haya conocido la historia de Salta.
Si para el gobierno esto es una "reforma política", desde luego no cabe esperar que alguno de sus funcionarios convoque a los partidos políticos a dialogar sobre cuestiones realmente importantes, como la necesidad de cortar el cordón umbilical que enlaza a la política con las grandes fortunas, la de limitar el tiempo de las campañas electorales, la de eliminar el inútil Senado provincial y el más inútil aún cargo de Vicegobernador de la Provincia, la de exigir a los partidos políticos que formulen plataformas electorales en forma de contratos con el ciudadano, la de prohibir la eternización en el poder de intendentes y gobernadores limitando a cero las reelecciones...; la de reforzar los mecanismos de control horizontal y vertical de ejercicio del poder, la de asegurar la independencia de los jueces mediante la creación de un Tribunal Constitucional encargado de tutelar las libertades individuales y controlar la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los poderes públicos, la de obligar al gobierno a someterse a periódicas sesiones de control parlamentario, la de liquidar el inequitativo monopolio de los partidos políticos sobre la postulación a cargos públicos electivos, la de habilitar nuevas formas de participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, y así, un largo etcétera de reformas profundas.
Por si aún quedaba alguna duda al respecto, el talante democrático del Ministro de Gobierno de Salta, que ha convocado esta descabellada ronda de "diálogo sobre la reforma política", quedó de manifiesto en todo su esplendor en el mismo momento en que decidió lanzar la convocatoria inmediatamente después de unas elecciones que revelaron una enorme distancia entre el partido hegemónico y las demás fuerzas políticas.
En efecto, el funcionario ha llamado a los partidos políticos, no antes de asegurarse que su propia candidatura a diputado nacional estaría blindada por el respaldo de un 57% de los votantes y de que el partido al que pertenece -el Justicialista de Salta- concurriese al diálogo político con las demás fuerzas hinchado de soberbia y triunfalismo después de unas elecciones abrumadoramente favorables. Nadie puede dialogar ni negociar de buena fe mirando por encima del hombro a su interlocutor y contraparte.
El funcionario no ha ahorrado gestos para dar a entender que la convocatoria, más que una actitud sincera de acercamiento hacia las demás fuerzas políticas, es un verdadero "acto de campaña electoral", diseñado con milimétrica precisión para hacer creer a los salteños que al gobierno le importa lo que piensen los partidos que arañan el 5% de los sufragios.
Muy bien han hecho los partidos en rechazar esta convocatoria, por tramposa, por oportunista y por antidemocrática. La esperanza que les queda a los salteños es que la muy bien ganada beca que el ineficaz Ministro de Gobierno obtendrá cuando siente sus reales en el Congreso Nacional permita que el ministerio sea ocupado por una persona con una mayor estatura democrática, un calado moral más profundo y una mejor preparación teórico-política.