El operador de telecomunicaciones Claro fue objeto de una sanción administrativa por parte del gobierno de Salta. La medida ha recaído en el expediente Nº 231-35577/10 y obedece al incumplimiento de la compañía de un acuerdo conciliatorio. Las actuaciones han sido practicadas por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta.
En el origen del expediente sancionatorio se halla la denuncia de una cliente, quien puso en conocimiento de la autoridad administrativa que la empresa Claro le hizo llegar un equipo a su domicilio, pero cuando quiso devolverlo la firma no lo aceptó, justificando que había sido activado con otro número de línea.
Emplazada la empresa a efectuar su descargo, se llevó a cabo un acto de conciliación en cuyo transcurso la compañía se comprometió a dar de baja la línea telefónica sin necesidad de requerimiento previo y sin efectuar cargos económicos al cliente, "bonificando a la denunciante por los inconvenientes".
El gobierno considera, sin embargo, que el operador de telefonía celular no cumplió con lo acordado en la audiencia de conciliación, siendo esto nuevamente denunciado por el cliente, por lo que la Secretaría de Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor procedió a la apertura del sumario administrativo correspondiente e impuso finalmente una multa de de 3 mil pesos, por considerarla incursa en la conducta prevista en el artículo 46 de la ley nacional 22.240 de Defensa del Consumidor.