El agua, es sabido, constituye un recurso estratégico para el desarrollo de la vida en el planeta. Es también, a estas alturas, un recurso escaso cuya disponibilidad preocupa, desde hace un buen tiempo, a muchos gobiernos del mundo.Salta y el área geográfica donde se inserta disfruta, según todos los indicios, de agua abundante. Tan abundante como mal aprovechada a juzgar por la precariedad de nuestra red de diques, por los desbordes continuos de nuestros ríos y por la insuficiente inversión en obras de aprovechamiento.
A fuer de sinceros, hay que reconocer que los salteños de a pie sabemos muy poco de este tema. Y, más preocupante aún, que nuestros políticos exhiben una palmaria ignorancia sobre las dimensiones de nuestra riqueza hídrica y sobre las posibilidades que de la misma se desprenden para el futuro de la vida humana, de la producción de energía y de alimentos así como para el futuro del transporte y del comercio.
Nuestro rudimentario Código de Aguas y las precarias instituciones de gobierno encargadas del relevamiento y control de este recurso, son pruebas de aquel desdén, teñido de ignorancia.
Un buen informe periodístico que publica hoy el diario El Tribuno ha logrado llamar la atención del público y es de esperar que también de las autoridades aún cuando éstas han optado por el silencio.
Según aquel informe, una de las compañías mineras más grandes del mundo ha resuelto extraer agua subterránea de la puna salteña para, previo cruce de la cordillera, enviarla al norte chileno a suplir las carencias que están poniendo en crisis a la producción trasandina de cobre.
No es la primera noticia que los medios de prensa recogen acerca del interés que despiertan las reservas argentinas de agua. Días atrás, medios patagónicos anunciaban que el mismísimo presidente de los EEUU (tan admirado e imitado por el anterior Gobernador de Salta) habría comprado tierra no apta para la producción agrícola-ganadera con la intención de exportar agua pura al norte sediento.
De ser cierto aquel emprendimiento que estaría llevándose a cabo en nuestra puna, el Gobierno de don Juan Manuel Urtubey debería tomar urgentemente cartas en el asunto.
Podría, obviamente, optar por una rudimentaria respuesta de tinte nacionalista o centrada en el patriotismo local.
Pero una conducta tal, más allá de algunos titulares de prensa y de los aplausos de los orondos y consabidos tradicionalistas locales, no sería sino una forma de eludir un tratamiento riguroso, estratégico, del futuro del agua que reside, transita o cae abundantemente sobre nuestro extenso territorio.
Hace falta, como no, que el Gobierno informe a la ciudadanía acerca de los hechos puestos de manifiesto por el periodista Antonio Oieni y que, de existir elementos de juicio suficientes, haga respetar de inmediato las normas de nuestro Código de Aguas.
Tareas ambas que deberían completarse con la creación de un comité de sabios independientes encargado de la presentación de un estudio en profundidad que analice, desde todos los ángulos posibles, el presente y el futuro de nuestra riqueza hídrica.