Una definición muy simple nos dice que participación ciudadana es el conjunto de mecanismos institucionales que promueven la integración de los individuos en el proceso de adopción de decisiones políticas de una sociedad determinada. Pongamos un ejemplo, también muy simple: una forma de participación ciudadana es la consulta, permanente o puntual, a los interesados sobre la integración y el destino de las partidas presupuestarias.
Otra forma es la apertura y publicidad de los debates que preceden a la sanción de las leyes. De todas las leyes, no solo de unas pocas.
Ninguna de estas dos cosas sucede en Salta, en donde los presupuestos se elaboran en oscuras oficinas administrativas y se votan a libro cerrado en las asambleas competentes, y los legisladores, si es que escuchan a alguien antes de debatir y votar en nombre de todos nosotros, suelen sentar a su mesa a miembros del gobierno y a influyentes que representan intereses sectoriales (colegios profesionales, centros vecinales, organizaciones no gubernamentales single issue, etc.), pero casi nunca a ciudadanos normales y rasos.
Pero como el gobierno tiene una acuciante necesidad de mostrarse como una democracia plenamente participativa (y no meramente representativa), ha encontrado una solución muy ingeniosa a este problema, que consiste en disfrazar de decisiones políticas a una serie de actuaciones administrativas menores, más bien intrascendentes, e invitar inmediatamente a los ciudadanos a que «participen» en ellas, más en su ejecución que en su formulación. El resultado, en términos políticos, es asombroso en Salta.
Así por ejemplo, los padres de los alumnos tienen muy poco que decir en la definición de las grandes políticas que influyen y dan sentido al sistema educativo (por ejemplo, la educación sexual o la educación religiosa en las escuelas, materias en las que vale más la opinión de un solo cura que la de diez mil padres; esto es, la democracia numérica en estado puro); pero si el gobierno les invita a pintar las escuelas o a reparar sus baños, los mismos padres lo hacen encantados, pensando que se trata del «no va más» de la participación política en democracia.
Lo mismo sucede en los hospitales, en donde los usuarios no tienen casi nada para aportar, excepto la construcción de hornacinas para santos y la decoración de las salas de espera. El problema no es que esto pase por participación democrática para el gobierno; lo grave es que los ciudadanos mismos se engañan y creen que están participando.
Por supuesto que el gobierno tiene miedo a la verdadera participación democrática, pero si nos fijamos atentamente en lo que sucede en Salta, veremos que más miedo tienen los ciudadanos; un auténtico fear of commitment. Muchos de ellos, preferirían ser llamados para lavar los baños de las escuelas que ser invitados a tomar decisiones importantes sobre el futuro de sus hijos y de la sociedad en la que viven.
Estos ciudadanos apacibles se congratulan de vivir en una democracia aparentemente participativa (se amoldan a lo que el gobierno dice que es participación y no se animan a reclamar más derechos), pero lo que consiguen con su comodidad o con su indiferencia es ayudar a construir todos los días una democracia delegativa, en la que el lugar del silencio y la inercia de los interesados es ocupado, siempre y de manera inmediata, por la hiperactividad de un gobierno al que le gusta dirigir los asuntos públicos con el máximo ancho de manga posible.
Otros creen que la participación democrática consiste exclusivamente en expresarse en las redes sociales. Y se equivocan, no solo porque la mera opinión -con ser importante- es insuficiente para construir ciudadanía y afianzar la democracia, sino por el pequeño detalle de que el Gobernador de la Provincia (no hablemos de los funcionarios menores) han adoptado la pésima costumbre de bloquear a quienes les dirigen críticas en las redes sociales.
Participar en democracia significa, por ejemplo, que el gobierno convoque a los ciudadanos a un gran debate, público y transparente, sobre la conveniencia de mantener el voto electrónico en las elecciones provinciales, y no intentar hacer pasar la decisión de mantenerlo como un gesto democrático por el solo hecho de haberlo consultado con un puñado (no más de diez personas) de apoderados de los partidos políticos.
Participar en democracia requiere de la institucionalización de la deliberación permanente y de la aceptación general de la lentitud en la adopción de decisiones clave. Pero fundamentalmente requiere humildad, en los participantes y en los participados. Ningún gobierno con un ego tan gordo como el que dirige Urtubey (el que nunca falla) y con tantas ganas de llevarse todo por delante admitiría sinceramente la participación ciudadana, a menos que reconociera públicamente que necesita (como cualquier gobernante democrático) ayuda para gobernar. Y esto, conociendo los bueyes con que aramos, no sucederá nunca.