Quien propone algo así, o no conoce cómo funcionan las instituciones de Salta (ignora las facultades constitucionales del Gobernador y desprecia la autonomía municipal) o realmente lo que quiere es convertir al Gobernador en juez de la corrupción en su Provincia.
Si el Intendente de Pichanal se ha enriquecido al margen de la ley, los poderes competentes son el Judicial, el Concejo Deliberante de Pichanal y la Legislatura salteña, por ese orden. Ninguna decisión política, fundada en el enriquecimiento ilícito, se puede adoptar sin un previo juicio judicial contradictorio y con garantías de defensa. A nadie se puede destituir por haber hablado cosas que no debía.
Pero lo que es realmente curioso es que se pretenda que sea Urtubey el que «tome medidas». Para hacerlo, además de una autoridad constitucional que no posee, debería estar investido de una autoridad moral con la que tampoco cuenta.
Si realmente lo que se pretende es luchar contra la corrupción y perseguir a aquellos que se han aprovechado de su cargo para inflar su patrimonio, el último que debe ser llamado al banquete vampírico organizado para beberse la sangre del Intendente de Pichanal es el primer mandatario de la Provincia, por razones que son mucho más que obvias.
Quienes desean hacer de Urtubey un paladín de la justicia solo buscan votos. Y como Urtubey también los busca, corremos el riesgo que se junten el hambre con las ganas de comer y que se cometa una injusticia.
Es realmente increíble que una persona sospechada de enriquecimiento ilícito no tenga procesos abiertos en la justicia y que algunos quieran que todo se resuelva en una decisión del gobierno. La peor forma de luchar contra la corrupción es excluir al Poder Judicial de las decisiones que le competen, y a los acusados privarlos de su derecho a defenderse.
En un año electoral como este, los gestos populistas y electoralistas van a ser moneda corriente, pero no por eso estamos obligados a verlos como normales, a tolerarlos como si fuesen inevitables. Si el Intendente de Pichanal ha cometido delitos, que actúen los fiscales y que investiguen lo que les corresponda investigar, con respeto de todas las garantías procesales. Luego serán los jueces los que decidan.
Pero de ninguna manera el Gobernador, que no es precisamente el más indicado para tirar la primera piedra.