Las declaraciones xenófobas de Gustavo Sáenz lo acercan a la ultraderecha española de Vox

  • Cuando casi todos los salteños creíamos que el gobernador Gustavo Sáenz le había pedido al Presidente de la Nación un control más estrecho de la frontera con Bolivia para evitar la propagación del virus, descubrimos hoy que la finalidad del pedido gubernamental estaba relacionada con lo que Sáenz llama ‘la enorme cantidad de extranjeros’ que cruzan la frontera desde Bolivia para cobrar subsidios que concede el gobierno argentino.
  • Tráfico transfronterizo y doble nacionalidad

Pero este objetivo, que contradice bastante el discurso populista de la patria grande o el de la integración regional, es bastante contradictorio, puesto que en las declaraciones efectuadas a la radio FM Aries, el gobernador Sáenz se refiere a las personas que presuntamente poseen doble nacionalidad argentino-boliviana y perciben en territorio nacional el llamado Ingreso Familiar de Emergencia, a las que el mandatario salteño llama, sin ningún tipo de vacilación, «extranjeros».


El primer reproche que merecen las declaraciones de Sáenz es que los recursos con que se paga el IFE no salen de su caja, sino de la del Estado nacional. Sáenz se rasga las vestiduras por el daño que puedan hacer los extranjeros a la caja de la ANSeS, pero no dice nada del enorme agujero financiero que le dejó el anterior Gobernador de la Provincia. Sáenz -recordemos lo que dijo Romero- sobrelleva los gravísimos problemas financieros de Salta «sin quejarse», pero se queja de los agujeros en cajas ajenas.

El segundo reproche es que, de conformidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que regulan el reconocimiento de la doble nacionalidad, los extranjeros que han adoptado la nacionalidad argentina y a los que se permite conservar la suya de origen, son argentinos de pleno derecho y no pueden ser discriminados por su lugar de nacimiento. Según la información oficial de la Cancillería argentina, nuestro país no tiene suscrito un convenio de doble nacionalidad con Bolivia.

El tercer reproche es que la pretensión de Sáenz de que las personas que tienen doble nacionalidad pero que no residen en territorio nacional no sean admitidos como beneficiarios de los servicios públicos argentinos, es exactamente lo que pide la ultraderechista Vox en España. Recuérdese que este partido exige al gobierno central y al de las comunidades autónomas prohibir el acceso a la sanidad pública, no solo de los inmigrantes extranjeros (sean regulares o irregulares) sino también a los españoles que han nacido en el extranjero y han adoptado posteriormente la nacionalidad española. Sáenz pretende hacer lo mismo en Salta.

El cuarto reproche es una desmentida, por cuanto en España los argentinos (y cualquier extranjero), con independencia de su situación administrativa, tienen asegurados los servicios sanitarios públicos mínimos (por ejemplo, un parto o una operación quirúrgica de urgencia), con el solo requisito de estar empadronados en algún Ayuntamiento español. Por tanto, es falso que no exista país en el mundo -como dice Sáenz- que no preste el servicio de salud a los extranjeros.

El quinto reproche es que si los bolivianos, o los argentino-bolivianos que no residen en Salta cruzan la frontera para cobrar el IFE, sin derecho (según Sáenz), es porque la Argentina -y especialmente Salta- no tienen ninguna forma de controlar la efectiva residencia de las personas (no existen los empadronamientos, como en España). Si Sáenz hiciera el esfuerzo de organizar la forma en que se determina el lugar de residencia de las personas, podría solucionar algo así como el 90% del problema.

El sexto reproche es que si hay «argentinos que se mueren de hambre», seguramente la causa de esa situación extrema no es el número de personas que pueden atravesar una frontera para cobrar una prestación de escasa cuantía. La pobreza y el hambre en la Argentina no se debe a la falta de controles fronterizos sino a las muy débiles políticas de los gobiernos (el nacional y los provinciales) para combatir los componentes estructurales de la pobreza en todo el territorio.

El séptimo reproche, es que Sáenz -así como ningún otro gobernante serio- puede usar los micrófonos de una radio para calificar a una patología social como “una joda”, pues esta calificación le sustrae al juicio gubernamental toda su seriedad.

El octavo reproche es que la idea de Sáenz de «priorizar» a los argentinos, no solo acerca su discurso al de los líderes ultraderechistas europeos más extremos, sino que en buena medida lo emparienta con el eslogan «America First» del presidente Donald Trump, que ha recibido y sigue recibiendo críticas muy duras, incluso dentro de los Estados Unidos.

Sería muy bueno escuchar a Sáenz hablar de hermandad entre los pueblos sudamericanos, de ayudas recíprocas, de cooperación internacional, de transparencia en las migraciones, y no de pequeñas rencillas, que no dejan en evidencia otra cosa que una idea muy mezquina de la nacionalidad y una dimensión muy cuestionable de la solidaridad entre pueblos hermanos.